El Gobierno aprueba la Ley de Identidad para transexuales. Ahora uno puede elegir el propio sexo y sin haberse operado. Por lo menos una persona con el sexo operado tiene algo que demostrar, aunque sea por lo cruento de la apuesta. Pero a partir de ahora, con expresar el deseo y convencer al psicólogo será suficiente. Un disparate más de este Gobierno. Y no lo digo porque sienta yo el menor reparo ante la existencia de personas que consideran que están apresadas en un sexo con el que no se identifican. El avance de cualquier derecho fundamentado es un logro social indiscutible. Alteraciones cromosómicas, accidentes genéticos, perturbaciones hormonales y tantas otras circunstancias reconocidas y estudiadas por la ciencia médica determinan que, en algunos casos, se tenga que reconocer que el varón no era tal varón o que la mujer no lo era tanto como lo parecía. L o que pongo en cuestión es la validez de la racionalidad y del pensamiento crítico en ideas subjetivas, emocionales y pseudocientíficas que parecen latir bajo definiciones insensatas como la de «reasignación de sexo» que hemos visto referida a esta Ley. En este debate, el problema de base es la persistencia de una filosofía caduca en la que el sexo no es algo que viene definido por la naturaleza sino que es un «rol», algo que hace del ser mujer u hombre o padre o madre una simple convención social. Algo que la sociedad inculca cuando no impone y que se puede cambiar como quien cambia de empleo o de status social. 

Para los psicólogos evolucionistas Martin Daly y Margo Wilson, el concepto de «rol» ha tenido cierta utilidad en el estudio del aprendizaje social pero, según sus palabras, es «una metáfora limitada» que lleva a «tonterías insustanciales» producto de una «psicología ingenua». Van cargados de razón. Las teorías deterministas que hacen del hombre y sus circunstancias manifestación directa de una naturaleza ineludible han sido causa de grandes desgracias. El racismo sería una de sus expresiones. Pero la idea de «Tabla Rasa», la idea de que con la educación o con el adecuado adoctrinamiento se puede hacer de un ser humano cualquier cosa no ha causado me nos. Un partido político del siglo XXI no debería ignorar lo que la ciencia ha puesto a su disposición para valorar dilemas de naturaleza humana y social como el de la transexualidad. 

Podemos ver este proyecto de ley como una frivolidad inconsecuente o como un oportunismo electoralista más de tantos a los que nos hemos acostumbrado. Pero, lamentablemente, la falta de rigor y de sensatez mezclado con la tontería ideológica permea las decisiones periféricas y contagia todo el sistema. Más allá de unos muy modestos protocolos médicos no existe ningún medio para determinar si alguien realmente ocupa un cuerpo que no le corresponde o está simplemente sufriendo un trastorno transitorio. Un ciudadano con cierta formación científica siente desconfianza cuando se habla de que para cambiar de sexo civil bastará con «un diagnóstico médico de transexualidad», artefacto de difícil precisión, y de algo tan igualmente impreciso como que los transexuales vivan durante una temporada «de acuerdo con su sexo real». Ni siquiera yo estoy segura de vivir de acuerdo con el que me corresponde, suponiendo que exista una homologación consensuada. 

Desgraciadamente, no va a ser un diagnóstico muy objetivo pues prescinde de las técnicas del método científico. Resulta obvio defender los derechos legítimos de los hombres y mujeres que por un error en la calificación de su sexo ven perjudicadas sus vidas personales y su salud. Pero las motivaciones en las que se basa la nueva ley, que acaba exigiendo meramente «una apariencia externa lo más próxima al sexo reclamado», abre la puerta a demandas de lo más pintoresco y tan subjetivamente fundadas como la que nos ocupa. ¿Qué tal un individuo o un colectivo que no se viera identificado con su edad cronológica, la que muestra su DNI? Esto también puede causar graves desajustes entre la propia percepción y la imposición administrativa y social. No es una frivolidad por mi parte mencionar tal cosa, ni una falta de sensibilidad hacia el que sufre por falta de identificación con su estatus legal del tipo que sea. Sólo es una exigencia de coherencia y objetividad a la hora de valorar dilemas psicosociales por parte de nuestras instituciones. Muchas veces se promueven medidas de corte efectista que crean más problemas que los que solucionan. Un Gobierno está obligado a atender los presupuestos mínimos de la razón y de la ciencia.

Publicado en ABC (27-1-2008)