Patronal, sindicatos y políticos piden al Gobierno reconsiderar esta opción frente a la crisis
CARLOS GÓMEZ 27/07/2008
Así lo parece a juzgar por lo declarado hace unas semanas en sendas entrevistas en este diario («Tenemos un compromiso, y es respetar la vida útil de las centrales, salvo necesidades energéticas imperiosas, y no promover nuevos parques nucleares») y en el británico Financial Times («España no construirá más centrales nucleares, debido a los altos costos y a que nuestro país, proclive a la sequía, no tiene suficiente agua para refrigerar los reactores»).
El enroque de Zapatero está impidiendo la apertura de un debate nacional, como el que se está dando en países de todo el mundo y como le han reclamado la patronal CEOE, los dos mayores sindicatos y expertos y personalidades de todas las ideologías, incluso de su propio partido, como el ex presidente Felipe González o el ex ministro de Industria y Energía Claudio Aranzadi, sobre la conveniencia o no de prolongar la vida de las actuales centrales o de construir una nueva.
La escalada en los precios del combustible fósil (petróleo, gas y carbón), la inseguridad en su abastecimiento, puesta de relieve con el corte del suministro de gas ruso a Ucrania, y el coste de los compromisos medioambientales adquiridos en el marco del Protocolo de Kioto y en el seno de la UE para evitar emisiones de CO2 a la atmósfera explican el que haya resurgido el debate sobre el futuro de la energía nuclear en la producción de electricidad, tras décadas en las que no se han autorizado y construido estas centrales. EE UU, Francia, Finlandia, Reino Unido y otros Estados europeos, y también China e India y otros países asiáticos y africanos, ya han puesto en marcha o han anunciado programas de construcción de centrales nucleares o se están replanteando, como el caso de Italia, su reintroducción. El insuficiente desarrollo de las energías renovables, que es la gran apuesta de futuro en el terreno energético del Gobierno de Zapatero, hace imposible confiarles a corto plazo todo el peso de la sustitución de combustibles fósiles y del incremento adicional esperado de la demanda eléctrica.
A principios de los noventa, el Gobierno socialista de Felipe González renunció al programa nuclear. La moratoria de 1983 se convirtió, por razones puramente económicas, en una renuncia a construir más centrales. Con el barril de crudo brent a 20 dólares y unos tipos de interés al 15%, la energía nuclear no era competitiva con la generación térmica tradicional (de fuel, carbón o gas) ni con las nuevas tecnologías de ciclos combinados de gas. Pero hoy los vientos, con unos tipos de interés del 4,5% en Europa y un precio del barril de brent que ha llegado a rondar los 150 dólares y que muchos analistas e inversores de futuros sitúan dentro de unos meses en 200 y hasta en 300 dólares, han girado e impulsan de nuevo los negocios nucleares.
Sin embargo, las dudas sobre el coste real del kilovatio producido con esta energía, la magnitud de las inversiones requeridas para la construcción de nuevas centrales y la falta de un marco legal que garantice la estabilidad en las condiciones de la licencia y una retribución a sus promotores frena aún la adopción de nuevos programas nucleares en la mayoría de los países europeos.
La situación en España, donde el 85% del consumo energético depende de las importaciones, donde no hay recursos naturales suficientes y donde el sistema eléctrico está poco interconectado con los países vecinos, es delicada y muy vulnerable ante los movimientos del mercado. Sólo en el primer trimestre, y según datos del Banco de España, el déficit comercial se disparó hasta una cifra equivalente al 4,7% del PIB debido sobre todo al saldo negativo de la balanza energética.
«Hay que volver a replantearse la energía nuclear. No se puede decir ‘no’ a la nuclear pero comprarla 100 kilómetros más allá», decía recientemente con cierta ironía Felipe González.
«Las centrales nucleares francesas están demasiado próximas como para que no nos afecte cualquier fuga o accidente que se produzca en las mismas y, además, al comprar e importar sus kilovatios, estamos financiando desde España una parte de sus nuevos reactores. Un mal negocio», concluye otro experto.
Además, y por si fuera poco, las emisiones de gases de efecto invernadero volvieron a crecer el pasado año. Lo hicieron un 1,8% respecto a 2006, lo que confirma el alejamiento de España de los objetivos que asumió al adherirse al Protocolo de Kioto, según Comisiones Obreras y la edición española de la revista World Watch. Según los datos de estas organizaciones, las cantidades de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera han crecido un 52,3% respecto a 1990, año en el que se firmó el Protocolo de Kioto, que fija como límite para ese incremento el del 15%. Este «desbordamiento» de las cifras va a costar a España entre 3.500 y 4.000 millones de euros, según Fernando Rodrigo, coordinador del área de Medio Ambiente del sindicato citado.
En España existen hoy siete asentamientos y nueve reactores nucleares. De ellos, seis fueron puestos en marcha durante el Gobierno socialista de Felipe González, aunque las decisiones sobre su construcción fueron tomadas por Gobiernos anteriores. Hace dos años se cerró la central de Zorita, y el año que viene tiene que cesar sus actividades, por agotamiento de la vida útil (normalmente, 40 años) Santa María de Garoña, aunque la prolongación de su vida útil, como están haciendo otros países con sus parques nucleares, es una de las alternativas posibles ante la situación actual.
Esta opción, la prolongación de la vida útil de los actuales reactores, es la preferida por las eléctricas españolas dado que sus instalaciones están muy amortizadas y prácticamente todo lo generado serían ganancias para ellas.
«Dado que los costes operativos medios de las centrales nucleares en operación representan entre un tercio y un cuarto de los costes totales medios estimados de una nueva central de generación de cualquier tecnología, el atractivo económico del alargamiento de la vida de las centrales parece claro, ya que no es probable que el coste incremental de las inversiones eventualmente exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sea de una cuantía suficiente para colmar ese gap. Esto explica que la mayoría de las centrales en operación en EE UU hayan solicitado y obtenido una extensión de su licencia de funcionamiento en 20 años, ampliando así su vida hasta los 60 años», señalaba hace unas semanas el ingeniero, economista y ex ministro socialista de Industria y Energía Claudio Aranzadi.
«Esta prolongación», agregaba, «en un parque de generación muy equilibrado como el español (en donde la generación nuclear representa del orden del 20% del total de producción) permitiría, además, preservar la continuidad a medio plazo de la contribución de la generación eléctrica nuclear a la diversificación energética y a la limitación de emisiones de CO2, independientemente de la decisión de las empresas eléctricas relativa a eventuales inversiones en nuevas plantas de tercera generación. Por otro lado, se mantendrían los emplazamientos y la capacidad de gestión (con las mejoras exigibles) e ingeniería asociados a la operación de las centrales mientras las empresas y los responsables de la política energética disponen de una información más precisa en que fundamentar sus estrategias a largo plazo en relación con la opción nuclear».
La nuclear, argumentan sus defensores, presenta, entre otras, las siguientes ventajas: contribuye a garantizar el suministro por su funcionamiento ininterrumpido en ciclos de hasta 24 meses; contribuye a controlar el efecto invernadero, ya que no emite CO2; consume un combustible abundante y que presenta una logística de aprovisionamiento diversificada y fiable; presenta costes de producción estables y predecibles; dispone para su operación, mantenimiento y soporte técnico de unos equipos humanos muy cualificados, y presenta todas las garantías de seguridad con la supervisión de un órgano independiente que sólo rinde cuentas al Parlamento en el caso español.
Al margen de que algunas de estas «ventajas» son discutibles en opinión de instituciones y sectores críticos con la energía nuclear, como la seguridad tras los recientes incidentes en las centrales españolas de Ascó y Cofrentes y las fugas registradas en varias instalaciones en Francia (el Gobierno de Sarkozy, paladín mundial de estas energías, se ha comprometido en los últimos días a revisar la seguridad de todas y cada una de ellas, 58 reactores y 19 complejos nucleares), defensores y detractores coinciden en que estas centrales requieren una gran inversión inicial en capital cuya recuperación exige de largos periodos de tiempo con un entorno regulatorio estable.
Pese a su defensa de esta energía, y a que no hay impedimento legal hoy en España para tramitar una solicitud de licencia para una nueva nuclear, ninguna eléctrica se lo plantea. Es imposible abordar un proyecto complicado y oneroso como el relanzamiento de nuevas nucleares, señalan operadores y expertos, sin que se establezca previamente un marco político y un cierto consenso social que ofrezca garantías a las empresas y a sus financiadores de que no va a haber cambios regulatorios que desbaraten las condiciones inicialmente previstas para unas inversiones a muy largo plazo.
Es condición necesaria pero no suficiente, dicen los expertos. Las eléctricas van a exigir también para afrontar esas inversiones que se les asegure previamente un reconocimiento de las mismas y una retribución suficiente y estable en el tiempo al dinero y esfuerzos a comprometer.
Según datos de una de las primeras eléctricas españolas, «el coste de producción con las distintas tecnologías revela el menor coste variable de la nuclear, pero también hay que tener en cuenta la inversión de 3.500 millones de euros que es necesaria para poner en marcha una central de este tipo. En concreto, la estimación del precio que debería pagarse en el mercado para recuperar la inversión (incluida una rentabilidad del capital del 8%) oscilaría entre 67 y 70 euros megavatio por hora, suponiendo un funcionamiento de 8.000 horas anuales. Implica una inversión de 2.800 euros por kilovatio, en última instancia, considerando vida útil para la central de 60 años».
Las cifras son más ilustrativas si se comparan con el coste de producción del megavatio generado con carbón y con tecnología eólica que, con un promedio de 4.000 y 2.100 horas de funcionamiento al año respectivamente, le sale a esta eléctrica en ambos casos a 102 euros. A 85 le cuesta el megavatio hidráulico (2.000 horas de actividad) y a 399 euros el megavatio solar-fotovoltaico (1.590 horas de funcionamiento).
Cifras que difieren con las proporcionadas por la patronal eléctrica Unesa, referidas al parque de generación español. Atribuye para el megavatio hora un coste promedio de 52,5 a 55 euros en las centrales de carbón; de 52 a 65 euros para los producidos con gas en ciclos combinados; de 70 a 72 euros para los generados con aerogeneradores; de 45 a 60 euros los de origen hidráulico; y en torno a 35 euros los generados por las actuales centrales nucleares.
La discrepancia entre estimaciones del coste real del megavatio ha provocado incluso enfrentamientos recientes entre Iberdrola y la Comisión Nacional de la Energía tras asegurar el organismo regulador, en un informe sobre costes y precios de la producción nuclear e hidráulica, que las eléctricas van a recibir este año beneficios extras de 4.400 millones de euros. El cálculo de los llamados beneficios llovidos del cielo (windfall profit) que el modelo de mercado mayorista proporciona a la producción hidráulica y nuclear está detrás del enfado de la eléctrica vasca que asegura que esos datos son falsos, que hacen que la opinión pública se ponga en contra de estas empresas y que a la postre influye en las tarifas. La CNE replica que sus estimaciones concuerdan con los datos de Unesa.
La CNE critica «la brecha» que hay entre los precios y los costes de la electricidad, lo que determina que tecnologías con apenas costes variables (nuclear y, sobre todo, el agua) cobren el megavatio al mismo precio que las más caras, el carbón y el gas.
El peso del coste del combustible en el coste de generación nuclear está en torno al 15% (40% para la generación con carbón y 75% para la de gas), por lo que la escalada en el precio de los combustibles le afecta en menor medida. «En mercados eléctricos competitivos, además, con precios del gas y del carbón al alza, las rentas inframarginales de las plantas nucleares se incrementan, mejorando su rentabilidad. El riesgo para la alternativa nuclear sería, más bien, que estos precios bajasen a medio y largo plazo. Además, los potenciales inversores en centrales nucleares de tercera generación (que enfrentan, a corto plazo, los riesgos de sobrecoste e incumplimiento de plazos de los primeros proyectos de inversión en reactores de nuevo tipo) pueden recurrir a mecanismos de cobertura del riesgo de mercado (contratos de suministro de energía eléctrica a muy largo plazo) y del riesgo de construcción (desplazamiento de este riesgo al vender) en línea con la vía seguida en la inversión del reactor Olkiluoto 3 (Finlandia)», explica Aranzadi.
La financiación, señalan eléctricas y fabricantes de equipos, no es un impedimento para abordar la construcción de nuevas centrales pese a la crisis financiera internacional. El mayor impedimento, reiteran, es la falta de consenso social y de un marco político estable para esta opción energética.
Expertos del sector coinciden en parte con estos argumentos, pero añaden que en un marco liberalizado a las empresas les resulta más fácil ajustar su oferta a precios altos o bajos del mercado con centrales de ciclo combinado que con nucleares. Y que a las eléctricas les sería muy difícil encontrar hoy financiación para los reactores. Las entidades no van a querer intermediar en estos proyectos salvo que haya garantías públicas. La nuclear es una tecnología de riesgo, agregan, que no tiene solucionado el tema de los residuos ni se conoce cuánto puede costar realmente su gestión.
La financiación de la construcción de una nuclear, agregan, está sometida a riesgos mayores que los de una central de gas y por eso va a resultar más cara. También va a ser más sensible al movimiento de los tipos de interés. Cada 100 puntos básicos de interés puede suponer una variación en la financiación de 2,4 euros por megavatio hora, estiman los expertos, considerando una vida útil de 40 años para la central.
Los críticos insisten en que no es oro todo lo que reluce en las supuestas ventajas competitivas. «La nuclear está muy subvencionada. Muchos de los costes en los que incurre se vierten sobre el consumidor de la electricidad sin que eso se refleje de forma clara en el precio del kilovatio hora». La internalización de esos costes, gestión de residuos radiactivos y desmantelamiento de las centrales tras finalizar su vida útil, entre otros, «puede incrementar hasta en un 50% el coste del kilovatio».
En cualquier caso, coinciden buena parte de defensores y críticos, cumplir los compromisos de Kioto es casi imposible, sin energía de fisión y, como ha dicho el comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, que se confiesa poco partidario de estas centrales, será necesario «reabrir y profundizar en el debate sobre energía nuclear, y no hacerlo con los parámetros de 1982 [año en que el PSOE accedió al Gobierno por primera vez tras el franquismo]
Datos y cifras para un debate
– La generación nuclear tiene altos costes de inversión pero bajos costes de operación, lo que supone que el alargamiento de la vida operativa de las actuales centrales sea desde el punto de vista económico una alternativa mejor que la de construir centrales de gas o carbón. –
– La cantidad de energía eléctrica que se generaría en 20 años más de funcionamiento, sobre los 40 previstos, de las actuales nucleares españolas alcanzaría los 120.000 gigavatios, cifra que equivale a cinco años de consumo eléctrico en España.
– El coste de las nuevas centrales nucleares está muy condicionado por la escala (número de reactores similares construidos) y por la estandarización del programa que se pretenda llevar a cabo. –
– Las 40 empresas integradas en la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), que agrupa a cementeras como Cemex, siderúrgicas como Arcelor o químicas como Solvay, ofrecieron en septiembre de 2007 al Gobierno su participación en la construcción de una nueva planta nuclear.
– Un factor decisivo de la competitividad de la energía nuclear en un sector eléctrico liberalizado es, según los expertos, el criterio de distribución del riesgo regulatorio entre empresas, consumidores y contribuyentes, ya que en el prolongado periodo de vida de una central nuclear la probabilidad de cambios regulatorios con repercusión en los costes es elevada.
– Uno de los problemas no resueltos en esta energía es el de los residuos radiactivos. En España, los de media y baja actividad están almacenados en El Cabril. Los de alta actividad permanecen en piscinas en las centrales. Enresa, la empresa pública a quien se confía su gestión, proyecta para 2011 un gran almacén. Países de toda Europa buscan almacenamientos subterráneos.
– Otro factor a considerar son los costes de desmantelamiento. En España, por ejemplo, desmantelar Zorita costará cuando concluya cerca de 170 millones de euros y Vandellós I se ha tragado ya desde 1990 unos 600 millones.
– Los propietarios de las centrales destinan 200 millones de euros anuales a su conservación y mantenimiento.